¿A quién regula?: A los productores o importadores que introducen al mercado baterías de plomo – ácido y de iones de litio (generalmente de 5 kg o más).
Productor de Producto Prioritario: es toda persona que, independientemente de la técnica de comercialización, (i) vende un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional; (ii) vende bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor; o (iii) importa un producto prioritario para su propio uso profesional.
Son productos prioritarios (Ley REP): (i) Aceites lubricantes; (ii) Aparatos eléctricos y electrónicos, (iii) Baterías; (iv) Envases y Embalajes; (v) Neumáticos; (iv) Pilas.
No estarán sujetos al cumplimiento de metas, ni obligaciones asociadas: las microempresas y quienes introduzcan en el mercado nacional menos de 600 kg de baterías al año.
Fiscalización y sanción: La Superintendencia del Medio Ambiente («SMA») estará a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto supremo. En caso de incumplimiento, la SMA podrá aplicar multas de hasta 10.000 UTA ($8.386.680.000 aproximadamente) o amonestación por escrito.
Obligaciones de los productores:
Los productores deberán agruparse en «Sistemas de Gestión» para financiar, organizar y asegurar que los residuos de estas baterías sean recolectados en todo el país y llevados a reciclaje o reutilización.
Los productores deberán inscribirse en la Ventanilla Única RETC (Registro de emisiones y transferencia de contaminantes) y entregar la información que se les solicite.
Cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos de baterías, establecidas en el decreto supremo.
¿Qué es un sistema de gestión? Es un mecanismo instrumental para que los productores —individual o colectivamente— den cumplimiento a las obligaciones de la Ley REP.
Metas a cumplir:
Plomo – ácido: Deberán recolectar y valorizar el 50% el primer año, subiendo progresivamente hasta un 90% al noveno año.
Iones de litio: iniciarán con un 15% al tercer año, hasta llegar al 50% al décimo año. Además, se les exige que al menos un 30% de esta meta se logre acondicionando las baterías para darles una segunda vida.
Estado del proceso y plazos: actualmente el anteproyecto se encuentra sometido a consulta pública ciudadana hasta el 9 de abril de 2026 (30 días hábiles). Una vez finalizada la consulta ciudadana, se revisarán los aportes enviados por la ciudadanía, y se ajustará el proyecto de decreto supremo.
Para más información: Consulta Ciudadana
